PREGUNTA CON RESPUESTA ORAL EN COMISION DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES, RELATIVA A “Garantizar la sostenibilidad, desarrollo y financiación de la Dependencia”

2014-09-04 18.41.52

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia fue aprobada con alto grado de acuerdo de las fuerzas políticas parlamentarias, con la participación de las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los agentes sociales y el movimiento asociativo. Con esta Ley nuestro país avanzaba hacia la consolidación del estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución.

La Ley reconoce el derecho subjetivo de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, un derecho universal para toda la población y con garantía pública. Para ponerlo en marcha se establecía la cooperación de todas las administraciones implicadas y se creaba el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que contaba con un calendario de implantación que se desplegaría de forma gradual hasta 2015.

Hasta noviembre de 2011 el Sistema se fue implantando según lo previsto. En aquel momento, un 80,7% de personas beneficiarias encuestadas consideraban positiva o muy positiva la atención que recibían.

Posteriormente en diciembre de 2011, pocos días después de la constitución del actual Gobierno, del Partido Popular, éste decidió paralizar el calendario de aplicación de la Ley, impidiendo a las personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicio.

Para después en los primeros Presupuestos Generales del Estado que elaboró el Gobierno, correspondientes al año 2012, eliminó la partida para el nivel acordado que ascendía a 283 millones de euros. Este nivel de financiación previsto en la Ley volvió a ser suprimido en 2013 y 2014.

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad introdujo numerosas modificaciones en la regulación del Sistema que causaron enorme perjuicio a las personas en situación de dependencia.

Entre ellas destacan:

  • la supresión de los dos niveles en que se dividía cada grado;
  • la reducción en un 13% de la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo;
  • la reducción en un 15% de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar;
  • la revisión de la regulación del convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, cuyas cotizaciones pasan a ser exclusivamente a su cargo;
  • la aplicación de un plazo suspensivo de hasta dos años para las nuevas prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar.
  • Además, se volvió a revisar el calendario para retrasar, más aún, la entrada de dependientes moderados; se introdujo un régimen de incompatibilidad de las prestaciones; y se excluyó del silencio positivo el reconocimiento de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. A ello hay que añadir que la Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, aprueba los criterios y contenidos sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Los nuevos criterios, todavía no publicados mediante Real Decreto, suponen un importante incremento del copago para los beneficiarios. Pero además, la Resolución permite a las Comunidades Autónomas establecer una mayor participación del beneficiario en el coste de los servicios y de las prestaciones económicas (algo que si que han hecho algunas Comunidades Autónomas). En definitiva, el Gobierno de España del Partido Popular, ha reducido el contenido esencial del derecho y ha realizado importantes recortes presupuestarios, con el dramático resultado de que los beneficiarios están recibiendo servicios y prestaciones claramente insuficientes; al tiempo que se encuentran sin atender cientos de miles de personas en situación de dependencia. Además, se ha producido un gran retroceso en la financiación estatal del Sistema. De soportar el 40% del coste del sistema en 2009, la administración general del Estado ha pasado a hacerse cargo del 19% en 2013.
  • En la práctica, se está vaciando de contenido el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Además, se está vulnerando el principio de igualdad, ya que no existe un contenido mínimo común del derecho, y los principios inspiradores del Sistema: carácter público de las prestaciones, universalidad, equidad y accesibilidad, están claramente cuestionados.
  • En este periodo, la aportación de las Comunidades Autónomas ha crecido del 50,8% al 62%, y el copago de los usuarios casi se ha duplicado.

Siendo también importante que todas estas medidas están incidiendo en la economía y el empleo.”

Las decisiones del Gobierno nos han llevado a una situación en la que resulta evidente la necesidad de reformular el Sistema.

Es por ello que el pasado mes de julio en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, usted proponía impulsar la constitución de un grupo de trabajo con representantes de los grupos parlamentarios con el objetivo de alcanzar un acuerdo de largo alcance para garantizar la sostenibilidad, el desarrollo y la financiación por parte de las administración publicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia…

PREGUNTA

¿QUE iniciativas considera el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía necesarias a fin de garantizar la sostenibilidad, desarrollo y financiación del sistema de dependencia y que disponibilidad ha manifestado a ello el Gobierno de España?